En Colombia, la legislación cooperativa no define expresamente a las denominadas cooperativas de aporte y crédito. Sin embargo, en la práctica se identifican como empresas pertenecientes al sector de la economía solidaria, conformadas por asociados que acceden a créditos otorgados por la propia cooperativa, sin que ésta utilice recursos captados del público. En su lugar, dichas operaciones se financian exclusivamente con recursos propios, constituidos principalmente por los aportes sociales de los asociados.

Para iniciar, es necesario precisar cuáles son las empresas solidarias supervisadas por la Superintendencia de la Economía Solidaria, de conformidad con el artículo 34 de la Ley 454 de 1998, con el fin de establecer las posibilidades y eventuales limitaciones que pueden tener, de acuerdo con su régimen legal, para desarrollar actividades de afianzamiento.

Para comenzar, la libranza se encuentra regulada por la Ley 1527 de 2012, modificada parcialmente por la Ley 1902 de 2018; la finalidad de la libranza o descuento directo es permitir que cualquier persona natural, pueda adquirir productos financieros, o bienes y servicios de cualquier naturaleza acreditados con el salario, pagos u honorarios, o pensión del interesado, pero siempre y cuando medie la autorización expresa de descuento dada al empleador o entidad pagadora.

Teniendo en cuenta la distinción constitucional entre las empresas del sector tradicional y las empresas del sector solidario, señalados en los artículos 38, 58 y 333 de la Constitución Política de Colombia de 1991. ¿Es posible extender por analogía las figuras de fusión, transformación y escisión propias de la legislación comercial, al derecho aplicable a las empresas vigiladas por la Superintendencia de la Economía Solidaria?, ¿Cuáles son los efectos sobre el alcance de los derechos de los asociados frente a los aportes realizados a las empresas solidarias que se encuentran sometidas a los procesos de fusión, transformación y escisión?

Para hablar de garantías mobiliarias en el sector solidario, es importante remitirse al origen de las garantías mobiliarias en el ordenamiento jurídico en general, entendiendo la importancia y la necesidad con la cual surgió esta figura, y como se hace extensiva a las dinámicas propias de las entidades vigiladas por la Superintendencia de la Economía Solidaria.

Dentro de los aspectos centrales considerados por la Superintendencia de la Economía Solidaria para el desarrollo de las actividades propias para la supervisión de las diferentes organizaciones en el sector solidario, se han establecido una serie de lineamientos y parámetros mínimos con los cuales se debe cumplir en aras de garantizar la protección de los intereses tanto de los asociados como de la organización en particular.

Las organizaciones solidarias vigiladas por esta Superintendencia, en general, con fundamento en la autonomía que la ley endilga a tales entidades, gozan de facultades legales para establecer en sus estatutos, todo lo que guarda vínculo con el régimen de organización interna, dentro de las cuales, debe reglamentarse todo lo relacionado con los procedimientos de elección, reelección, aplicación de periodos y remoción de los miembros elegidos para los diferentes órganos de administración y vigilancia, entre otras estipulaciones que se consideren necesarias para el cumplimiento del objeto social.

Los derechos de los asociados, la definición, estructura y funciones de los órganos de administración y control de las empresas solidarias, particularmente de las cooperativas están claramente establecidos en la legislación especial y corresponden a los principios del cooperativismo, especialmente aquel que consagra que, se trata de organizaciones cuya administración se realizará de manera democrática, participativa y autogestionaria.

Restricciones a la capacidad jurídica de las personas para constituir ciertas relaciones jurídicas con el Estado, con el fin de: (i) asegurar la transparencia, la imparcialidad, la igualdad y la moralidad en el acceso y permanencia en el servicio público.

La Constitución Política de 1991 en su artículo 23, estableció que toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular, lo cual fue reglamentado mediante la Ley Estatutaria 1755 de 2015, que al interpretarse en contraste con las disposiciones contenidas en los literales 3° y 5° del artículo 23 de la Ley 79 de 1988 “Por la cual se actualiza la Legislación Cooperativa".