El Ahorro de los Asociados Aumentó cerca de 40%

Comunicado de Prensa

El Gobierno del Presidente, Gustavo Petro, democratizó el crédito cooperativo y fortaleció al sector solidario

• El ahorro de los asociados aumentó cerca de 40% entre 2022 y 2026
• Las familias de trabajadores y trabajadoras concentraron la mayor cantidad de recursos de crédito otorgados

Bogotá, agosto de 2026. Con un fortalecimiento patrimonial del 18,9% y activos que superan los 65,9 billones de pesos (cifra 25% mayor a la que se registraba en 2022), el Gobierno del presidente, Gustavo Petro, a través de la Superintendencia de la Economía Solidaria, entrega un sector solidario, más robusto e incluyente.

Todos los indicadores arrojan un comportamiento creciente, como ocurre con la cartera, por ejemplo, que pasó de $29,7 billones en 2022 a $36,4 billones en 2026, con corte a junio. Así mismo, el ahorro de los asociados aumentó 39%, con 26,2 billones de pesos. 

Al presentar su informe final de Empalme frente al Pueblo, la Superintendenta de Economía Solidaria, María José Navarro reveló que la base social de este sector, es decir, el número de personas asociadas que cobijadas con los beneficios del sector asciende a más de 6,2 millones de colombianas y colombianos.

“Durante el período 2022-2026, la Superintendencia transformó su modelo de supervisión y fortaleció sus capacidades tecnológicas, analíticas, institucionales y financieras para proteger mejor a las organizaciones solidarias y a sus asociados”, explicó la Superintendente Navarro, quien señaló que la política de impulso al sector cooperativo tuvo especial énfasis en la economía popular, campesina y comunitaria.

Al cierre de este periodo, en el país ya se cuenta con 3.590 empresas solidarias, de las cuales 171 son cooperativas de ahorro y crédito, 1.436 fondos de empleados, 1.858 cooperativas de ahorro y otras organizaciones y 125 asociaciones mutuales.  

Este cambio de paradigma y de visión en la vigilancia del sector se reflejó en una expansión del modelo solidario: las cooperativas ya cuentan con más de 5.500 sedes y oficinas a nivel nacional con cobertura en 650 municipios y 32 departamentos.

Así mismo, el 90% de las entidades del sector solidario atienden a los estratos 1,2 y 3 de la población. Más de 502 mil mujeres cabeza de familia se benefician de este modelo y 993 mil jóvenes hacen parte de la base social de las cooperativas.

La Superintendenta Navarro también destacó el papel del sector en inclusión financiera. “De hecho, el crédito solidario se concentra en los hogares trabajadores, con una cartera que ya supera los $36,4 billones, con más de dos millones de personas con crédito, de las cuales el 50% son mujeres”.

Cabe resaltar que entre el 2024 y 2026, la Supersolidaria impulsó el pacto por la democratización del crédito, lo que permitió llegar a poblaciones que históricamente han enfrentado mayores barreras de acceso.

Es así como en los últimos dos años, las cooperativas desembolsaron más de $6,2 billones, a través de 646 mil operaciones de crédito a mujeres; $1,13 billones en desembolsos a jóvenes en más de 189 mil operaciones crediticias y alrededor de 700 mil millones de pesos a mujeres cabeza de familia.

Estas cifras representan una verdadera revolución en el acceso al crédito formal porque representa la oportunidad para que sectores populares se puedan apalancar, sin recurrir a canales ilícitos y de alto costo como es el llamado “gota a gota”.

En materia normativa, el Gobierno del Cambio implementó el Scoring Alternativo en el sector cooperativo, que permite complementar la evaluación del riesgo y reconocer la viabilidad de proyectos productivos.

Normalmente se evalúa a la persona. Con esta metodología las cooperativas pueden tomar decisiones de otorgamiento de crédito productivo con base en la viabilidad financiera de cada proyecto, para cumplir con los pagos. 

La política de Supervisión basada en riesgos, cambió el paradigma y permitió abrir el espectro de otorgamiento de crédito: de un esquema tradicional de medición del riesgo aislado, se pasó un mecanismo integral, más robusto e incluyente, con enfoque diferencial.

Este esquema da respuesta a una pregunta que durante años se había hecho el sector solidario sobre cómo implementar un sistema de supervisión que se ajuste a las diferencias que tienen las cooperativas y demás entidades del sector.

De ese modo se logró anticipar los riesgos, un cambio que permitió ir más allá de una supervisión que aplicaba una lista de chequeo y se logró un mecanismo más eficaz.

“Modernizar no significa flexibilizar la supervisión. Por el contrario de lo que se trata es de poner la lupa en donde corresponde, explicó la Superintendenta Navarro, al señalar que esto permite mitigar riesgos”, concluyó.

En este periodo la Superintendencia de Economía Solidaria lanzó la guía de buen Gobierno Corporativo, un instrumento que permite identificar las alertas o dificultades que se puedan estar presentando en el sector, en materia de administración y manejo financiero. 

La estrategia de Ruta Solidaria por la Paz permitió fortalecer a más de mil organizaciones solidarias, especialmente en los territorios históricamente más afectados por el conflicto. Esto permitió también actualizar los reportes, sin sanciones.

Finalmente, en los últimos cuatro años la administración de María José Navarro puso la casa en orden y rescató financieramente esta entidad al pasar de registrar pérdidas por $11.167 millones en 2022 a un superávit de 42.835 millones de pesos, con corte a marzo de 2026.