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Supersolidaria entrega parte de tranquilidad a los asociados y ahorradores de COOSERVICIOS O.C.

Bogotá, abril 4 de 2019. Con el fin de informar a los asociados y ahorradores, sobre la situación de la Cooperativa de Servicios de Boyacá, COOSERVICIOS O.C., domiciliada en la ciudad de Tunja e intervenida mediante Resolución 2019220001865 del 21 de marzo de 2019, el Superintendente de la Economía Solidaria, Ricardo Lozano Pardo, se permite explicar a la opinión pública:
 
  1. La facultad de intervención de la Superintendencia de la Economía Solidaria está justificada en el caso de COOSERVICIOS O.C., en aras de garantizar la confianza en el sector solidario y en el deber de proteger los derechos colectivos que pueden verse en riesgo, dadas las implicaciones en el orden económico y social de la entidad vigilada. 
  2. La Superintendencia de la Economía Solidaria ordenó a COOSERVICIOS O.C., la suspensión de la compensación de los saldos de los créditos otorgados a asociados contra aportes sociales, de conformidad con lo señalado en el artículo 102 de la Ley 510 de 1999, así como la suspensión de la devolución de aportes sociales.
  3. Los agentes especiales designados para la intervención a COOSERVICIOS O.C., reúnen las calidades y requisitos exigidos en el Capítulo 1, Parte 1, Título VI de la Circular Básica Jurídica No.006 de 2015, expedida por esta Superintendencia.
  4. A través de un diagnóstico realizado por los agentes especiales designados, dentro de un término no mayor a dos (2) meses, prorrogable por un período igual, contados a partir de la toma de posesión, la Superintendencia podrá establecer la situación real administrativa, financiera, contable, jurídica y de gestión de la Cooperativa de Servicios de Boyacá, COOSERVICIOS O.C. 
  5. La medida adoptada por la Superintendencia de la Economía Solidaria se debe entender como una acción de carácter preventivo para la protección de los ahorros y de los aportes de los asociados, soportada en normas legales que están diseñadas para evitar deteriores patrimoniales de las entidades vigiladas y definir las medidas apropiadas para que la misma pueda desarrollar su objeto social conforme a las reglas que la rigen.
 
 
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